La querella, en la que se denuncia crímenes de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa, fue patrocinada por el secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y el Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
El texto sostiene que “la magnitud que alcanzó el plan criminal ejecutado por el último gobierno de facto comprometió el orden y el interés públicos, lo que justifica la presencia del Estado Nacional como parte querellante en los procesos que se desarrollan”.
En sus argumentos el texto -que ya está en manos de la Justicia Federal- sostiene que “los grandes medios tuvieron como objetivo principal crear un ambiente propicio para la interrupción institucional. Luego, durante el tiempo que duró la dictadura, no sólo omitieron informar, sino que no ahorraron elogios al régimen dictatorial y a sus personeros”.
